Trastorno ocho. ¿Auctoritas o potestas?

Hace unas semanas se habló mucho de conceder el reconocimiento legal de autoridad pública a los profesores a través de la Ley de Autoridad del Profesorado.

Es posible que con esta medida se pretenda dulcificar las estadísticas que publica la OCDE, en las que España tiene un problema de disciplina mayor que el resto de los países europeos: interrupciones durante las clases, absentismo de los alumnos, retrasos en la hora de entrada, robos en las aulas, intimidación y abuso verbal a los profesores, daño físico a otros alumnos, drogas y alcohol en las clases; todo ello en porcentajes superiores a la media realizada en 17 países europeos y algunos otros de otros continentes.

Supongo que también busca evitar otros determinados tipos de violencia, pues no es que hayamos pasado del autoritarismo a la relajación total, pero es curioso que antes los profesores pegaban a los niños y ahora son los niños los que agreden a los docentes.

Dar poder a la autoridad académica, pues parece que de eso se trata, es solo una parte, pero si los docentes no saben mediar, motivar a los adolescentes,  etc., no servirá de nada. Se habrá judicializado la relación profesor/alumno, (hay que recordar que aparentemente el Código Penal ya tipifica como delito las agresiones a los funcionarios públicos cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas), pero no habrá servido para que aquel transmita conocimientos y eduque a éste.

Sería correcto pensar que el respeto a la autoridad no viniera impuesto sino que formara parte de un aprendizaje anterior incluso al ámbito docente,  perteneciente a las relaciones domésticas, familiares. Posiblemente en este universo familiar se aprende el respeto a la autoridad, pero también en él se pierde.

Por otro lado, posiblemente si la administración educativa confiara más en el docente no haría falta una Ley de Autoridad del Profesorado: según una estadística del Defensor del Profesor, el 38% de los docentes manifiesta falta de respaldo por parte de la dirección del centro y el 31% por parte de la administración.

Así las cosas, más que una postura clara lo que poseo es un mar de dudas, un universo de interrogantes: ¿Reconocen los padres la autoridad de los profesores? ¿Reconocen su papel en la sociedad y, en particular, en la educación de los menores? ¿Puede corresponderse la falta de respeto a la autoridad con un proceso de desvertebración y devaluación de valores que trasciende el ámbito docente?

En línea con esta última reflexión cabe pensar, sin temor a caer en un profundo error, que vivimos tiempos en los que el concepto de “auctoritas” está devaluado: ¿Qué valor tiene poseer o que alguien posea la capacidad moral para emitir opiniones cualificadas? ¿Qué importa o a quién interesa labrarse un historial de esfuerzo, experiencia, respeto y prestigio? Para responder a ambas cuestiones solo hace falta mirar a nuestro alrededor, aportar ejemplos de personas que demuestran tener “auctoritas”, e intentar buscar el olimpo que la sociedad actual les tiene reservado.

Espero equivocarme pero todo parece indicar que la normativa que se pretende definir tiene menos que ver con la “auctoritas” y más con la “potestas”. Reconozco que no parece nada sencillo educar en estos días, pero también espero equivocarme al pensar que esta legalización de la autoridad docente se vincula con la cómoda tendencia que sirve a la idea de que es más fácil prohibir que educar.